Villa Allende, una ciudad de las Sierras Chicas en Córdoba, comenzará en febrero a cerrar por las noches calles secundarias mediante portones, en un intento por frenar la ola de robos nocturnos que afecta a la localidad. La medida, inédita en la provincia, fue avalada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que la consideró “razonable y proporcional” al objetivo de seguridad pública, en el marco de una emergencia declarada desde 2023.

El plan municipal, respaldado por la ordenanza 14/25, prevé la instalación inicial de 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierres entre las 22 y las 6 horas. La apertura y cierre de los portones estará a cargo de personal municipal, y la restricción solo afectará calles secundarias, no arterias principales. Además, el programa incluye la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles adicionales para reforzar el patrullaje y la vigilancia.

El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa como una respuesta práctica y excepcional ante el incremento de la inseguridad, señalando que el 60% de los robos en la ciudad ocurre durante la noche. “No se trata de una decisión política o ideológica, sino de una solución práctica”, afirmó Cornet, quien también fue víctima de un robo en su domicilio.

La medida, sin embargo, ha generado un fuerte debate social y político. Vecinos y sectores de la oposición presentaron amparos colectivos, argumentando que el cierre de calles vulnera derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley. La concejal opositora Marta Banegas advirtió que “en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación, y eso es peligroso”. Los demandantes también criticaron la falta de estudios técnicos que respalden la eficacia de los portones y señalaron que el mecanismo de consulta vecinal excluyó a algunos residentes.

La Justicia, al avalar la medida, destacó que solo el 1,98% de los empadronados expresó rechazo formal y que la restricción es parcial y fundada en una situación de emergencia. No obstante, los vecinos afectados anunciaron que apelarán la resolución, por lo que la controversia judicial permanece abierta.

El municipio planea extender la medida a otros barrios si los resultados son positivos, mientras la ciudad debate el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos. El caso de Villa Allende podría sentar un precedente para otras localidades que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad urbana.