El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, confirmó que vetará todas las leyes aprobadas recientemente por el Senado que impliquen un incremento del gasto público o afecten el equilibrio fiscal. Esta decisión, ratificada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, abarca proyectos como el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, así como reformas en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y fondos coparticipables.

"Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las vamos a vetar", afirmó Francos en declaraciones a diversos medios. El funcionario subrayó que el equilibrio fiscal es la base de la política económica del Gobierno y que cualquier iniciativa que lo ponga en riesgo será rechazada. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal de las leyes aprobadas podría alcanzar los 3,2 puntos del PBI anual, lo que representa más de 10.000 millones de dólares en gastos adicionales.

La postura del Ejecutivo se mantiene firme pese a la recomendación de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien sugirió no vetar la redistribución automática de los ATN. Sin embargo, Milei y su gabinete insisten en que todo proyecto que implique gasto sin financiamiento será vetado, y no descartan judicializar los temas si el Congreso logra revertir el veto.

En este contexto, el Gobierno ha iniciado negociaciones con gobernadores y diputados provinciales para asegurar que la oposición no alcance los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Francos reconoció que existen tensiones políticas y que parte del respaldo a los proyectos opositores responde al malestar generado por la falta de acuerdos en ciertas provincias, especialmente en un año electoral.

La oposición, por su parte, celebra la aprobación de las leyes y busca sumar apoyos para revertir el veto en el Congreso. El debate se centra en la necesidad de recomponer los haberes jubilatorios y atender la emergencia en discapacidad, frente a la prioridad oficial de mantener la disciplina fiscal. Sturzenegger advirtió que la reforma de la coparticipación podría abrir un debate sobre el federalismo y la autonomía provincial.

El Gobierno defiende sus políticas argumentando que el equilibrio fiscal ha permitido reducir la inflación y la pobreza, y reivindica las reformas estructurales implementadas desde diciembre de 2023. Mientras tanto, la tensión política y las negociaciones continúan, con el futuro de las leyes en manos del Congreso y la posibilidad de judicialización si el veto es rechazado.