El Senado de la Nación aprobó por abrumadora mayoría dos proyectos de ley impulsados por los gobernadores provinciales, que buscan redistribuir de manera automática y diaria los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar la asignación del impuesto a los combustibles líquidos. La votación, que contó con 56 votos a favor y solo uno en contra, representa un fuerte mensaje político al Gobierno nacional y marca un nuevo capítulo en la disputa por los recursos fiscales entre la Casa Rosada y las provincias.

Las iniciativas, respaldadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, establecen que los fondos de ATN y los provenientes de los combustibles sean coparticipados bajo criterios automáticos, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. Según estimaciones, la medida implicaría una pérdida de $1,5 billones anuales para la Nación, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verían incrementados significativamente sus ingresos, con Buenos Aires y CABA como principales beneficiadas.

El debate en el Senado fue intenso y transversal, con apoyos provenientes de distintos bloques, incluidos algunos aliados al oficialismo. "Las provincias son las que sostienen en cada territorio nacional la salud, la educación y la justicia. Si no hay fondos, todo esto se resiente", advirtió la senadora Alejandra Vigo. Por su parte, el senador Martín Lousteau subrayó: "No son fondos de la Nación, son fondos que la Nación administra".

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei anticipó que vetará las leyes en caso de ser aprobadas en Diputados, calificando la movida como "un acto de desesperación" de la oposición. El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la postura oficial: "El equilibrio fiscal no se negocia".

El tratamiento de los proyectos en la Cámara de Diputados será el próximo escenario de la disputa. Mientras tanto, los gobernadores mantienen su postura firme y advierten que no renunciarán a los fondos que consideran propios. El conflicto abre la puerta a una posible judicialización y a un clima de mayor confrontación institucional en los próximos meses, en un contexto de ajuste fiscal y demandas crecientes de las provincias.