El gobierno de Javier Milei ha generado una nueva polémica al elegir al obispo castrense Santiago Olivera para dar el mensaje oficial de Pascuas. Olivera, conocido por sus declaraciones en defensa de represores de la última dictadura militar argentina, utilizó su discurso para destacar valores cristianos como la resurrección y la fe, pero su elección ha sido interpretada como una provocación por organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad.

En su mensaje, difundido a través de las cuentas oficiales de la Casa Rosada, Olivera expresó: "Cristo resucitó y da sentido a nuestra fe. Quiero enviarles un cordial saludo con la alegría que nos da justamente que Cristo venció con su muerte nuestra muerte y nos dio la vida para siempre". Sin embargo, su historial de declaraciones polémicas, en las que ha calificado los juicios de Memoria, Verdad y Justicia como "venganza" y ha defendido a militares condenados por delitos de lesa humanidad, ha generado un fuerte rechazo.

En entrevistas previas, Olivera afirmó que los militares condenados eran "gente joven que obedecía órdenes" y que la historia debía ser "vista en su contexto". Estas declaraciones han sido interpretadas como un intento de relativizar los crímenes de la dictadura, lo que ha provocado críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la Iglesia Católica. Los curas villeros, por ejemplo, han expresado su desacuerdo con Olivera y han pedido mayor dignidad para los jubilados en un contexto económico crítico.

La elección de Olivera se enmarca en una serie de acciones del gobierno de Milei que han sido vistas como intentos de desfinanciar y deslegitimar las políticas de derechos humanos. Entre estas acciones se incluyen la reducción del presupuesto para sitios de memoria y la promoción de leyes que podrían beneficiar a represores condenados.

Organismos de derechos humanos han calificado estas políticas como negacionistas y han repudiado la elección de Olivera para un mensaje oficial. Por su parte, el gobierno defiende su postura como una reinterpretación de la historia, aunque ha sido ampliamente criticado por relativizar el terrorismo de Estado.

La controversia pone de manifiesto las tensiones en torno a la memoria histórica en Argentina y plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas de derechos humanos en el país.