El regreso a clases en la provincia de Salta estuvo atravesado por un paro docente de 48 horas convocado por sectores autoconvocados, quienes reclaman una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. La medida, que coincidió con el fin del receso invernal, tuvo un impacto dispar: mientras el Gobierno provincial reportó una adhesión del 10%, los autoconvocados aseguraron que en algunas localidades del interior el acatamiento fue total.

En respuesta, el Gobierno de Salta anunció que descontará de manera automática los días no trabajados a los docentes que participaron del paro. "La educación es un servicio esencial y debemos garantizar la continuidad pedagógica", señalaron fuentes oficiales, que también recordaron la reciente propuesta salarial integral, con un incremento del 10,5% para el segundo semestre y mejoras en distintos ítems surgidos de la negociación paritaria.

Sin embargo, los docentes autoconvocados consideran insuficiente la oferta y exigen un aumento mensual del 8% hasta fin de año, además del blanqueo de ítems no remunerativos que afectan el salario básico y la jubilación. "Muchos docentes no llegan a cubrir la canasta básica y la pérdida salarial ronda los 50 puntos por la inflación y la devaluación", explicó Eva Erazo, docente rural y referente del movimiento.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, desconoció la representatividad de los autoconvocados y calificó de "excesivo" el reclamo de un 50% de aumento. Además, ratificó la decisión de descontar los días de paro y cuestionó la oportunidad de la medida mientras las paritarias siguen abiertas. Por su parte, gremios como SITEPSa denunciaron presiones e intimidaciones para desalentar la adhesión a la huelga, calificando la medida como "ilegítima y coactiva".

El conflicto se desarrolla en un contexto de recortes nacionales al Fondo de Incentivo Docente y a la obra pública, lo que limita la capacidad presupuestaria provincial. Las negociaciones paritarias llevan más de 40 días sin acuerdo y los gremios insisten en la necesidad de una recomposición salarial urgente y en tramos más cortos, con revisión en septiembre. Mientras tanto, las protestas y movilizaciones continúan en la capital y el interior, a la espera de una resolución que permita destrabar el conflicto y garantizar el derecho a la educación.