El Gobierno nacional, a través del Decreto 383/2025, implementó una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) que redefine sus funciones y amplía significativamente sus facultades. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue presentada como un paso hacia la modernización de la fuerza y la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense.

Entre los cambios más relevantes, el nuevo estatuto permite a la PFA realizar detenciones preventivas, requisas en espacios públicos y ciberpatrullaje sin necesidad de autorización judicial. Según el Gobierno, estas atribuciones buscan fortalecer la capacidad de la fuerza para combatir delitos complejos, el crimen organizado y el narcotráfico. “Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI”, afirmó el presidente Milei durante la presentación.

Sin embargo, la reforma generó una fuerte reacción de la oposición política, organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, la vulneración de garantías constitucionales y la falta de controles judiciales. El diputado Matías Molle expresó: “No encuentro en el DNU medidas claras ni concretas que indiquen que se va a modernizar la policía o que realmente se va a crear una policía de investigación, especializada en el crimen complejo. Sí encuentro slogans y frases hechas, pero todo muy general y ambiguo”.

Organismos como el CELS y la Correpi recordaron antecedentes de condenas internacionales a la Argentina por detenciones arbitrarias, como el caso Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se presentaron recursos judiciales y proyectos de derogación en el Congreso, mientras que algunos sectores anticiparon denuncias ante organismos internacionales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la reforma es indispensable para adecuar la PFA a los desafíos actuales y mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. “La nueva DFI será un gran golpe contra el narcotráfico”, destacó el diputado Gabriel Bornoroni.

El debate sobre la constitucionalidad y el alcance de la reforma continúa abierto, tanto en el ámbito legislativo como judicial. La medida se inscribe en un contexto de creciente conflictividad social y movilizaciones, y se suma a otras iniciativas recientes en materia de seguridad, como la ley Antimafias y la ampliación de poderes a las fuerzas armadas. Las implicaciones futuras dependerán del desarrollo de los recursos presentados y del debate parlamentario en curso.