La diputada nacional Marcela Pagano amplió en la Justicia federal una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitando que se investiguen presuntos conflictos de interés e irregularidades en contratos estatales vinculados a la consultora de su esposa, Bettina Angeletti. Según la presentación, la consultora +BE habría sido contratada por empresas que mantienen relaciones comerciales con organismos estatales como YPF, AySA, Banco Nación y ARCA, lo que podría configurar un circuito de flujos económicos entre el sector público y privado.

La denuncia, radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, incorpora documentación sobre un contrato entre la consultora de Angeletti y la empresa naviera National Shipping SA, proveedora de YPF, donde Adorni se desempeña como director. La consultora brindó capacitaciones a la naviera por un total de $6.370.000 entre 2024 y 2025. Pagano sostiene que este vínculo podría constituir un conflicto de intereses, ya que National Shipping recibe pagos de YPF y, a su vez, contrata servicios de la firma de la esposa de Adorni.

Además, la denuncia menciona vínculos comerciales entre la consultora y otras compañías que mantienen negocios con el Estado, como el Grupo Foggia, involucrado en la concesión del predio de Tecnópolis, y el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos a organismos estatales. También se cuestionan licitaciones públicas por más de $3.650 millones para servicios de comunicación digital, en las que habrían participado empresas con vínculos societarios entre sí.

Fuentes de National Shipping explicaron que sus contratos con YPF existen desde 1998 y que Adorni fue designado director de la petrolera estatal después de las capacitaciones brindadas por la consultora. Sin embargo, la denuncia solicita investigar la evolución patrimonial de Adorni y posibles inconsistencias entre ingresos declarados y bienes registrados.

El caso ha generado comparaciones con causas judiciales previas por presunto lavado de activos y conflicto de intereses en la administración pública. Legisladores opositores han exigido explicaciones públicas y mayor transparencia en las contrataciones estatales, mientras que desde el entorno de Adorni se niegan irregularidades y se destaca la antigüedad de los contratos involucrados. La investigación judicial continúa y podría tener implicancias en la percepción pública sobre la transparencia en la gestión estatal.