La Justicia argentina dispuso el decomiso de bienes de la familia Kirchner y empresarios asociados, como Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad, una de las investigaciones más emblemáticas sobre corrupción en obra pública. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dictó la medida el 18 de noviembre de 2025, tras la confirmación de la condena por la Corte Suprema en junio del mismo año.

El monto total de los bienes decomisados asciende a $684.990.350.139,86, según la actualización realizada por peritos oficiales. Entre los activos figuran propiedades en Río Gallegos y El Calafate, el Hotel Los Sauces, terrenos, departamentos y bienes de empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto. La medida afecta a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, quienes fueron señalados como beneficiarios de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas viales entre 2003 y 2015.

El decomiso implica la pérdida definitiva de la propiedad de estos bienes, que pasarán a manos del Estado bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el fallo, los recursos recuperados podrán ser destinados a mejorar el servicio de justicia, equipamiento e infraestructura, o subastados para ingresar fondos al Estado. "La función reparadora del daño social causado y la política pública de recuperación de activos de la corrupción" fueron los fundamentos principales de la decisión judicial, según los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El proceso judicial se inició en 2016 y culminó con la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo cumplimiento domiciliario. La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz, con sobreprecios y manipulación de licitaciones que generaron un perjuicio económico al Estado.

La noticia generó repercusiones en redes sociales, donde el impacto sobre Florencia Kirchner fue especialmente destacado. La defensa de la familia sostiene que algunos bienes fueron cedidos legalmente y no están vinculados a actividades ilícitas, mientras que el fallo judicial interpreta que los activos derivan directamente de maniobras de corrupción. El decomiso es considerado un mensaje de reparación y lucha contra la impunidad en casos de corrupción estatal, marcando un precedente en la recuperación de activos en Argentina.