La crisis sanitaria desatada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha generado conmoción y reclamos de justicia en todo el país. Al menos 54 personas fallecieron tras recibir dosis de un lote adulterado del potente opioide, utilizado en terapias intensivas y cirugías, según confirmaron autoridades sanitarias y judiciales.

El escándalo salió a la luz cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones en pacientes críticos. Las investigaciones revelaron la presencia de bacterias multirresistentes, Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, en ampollas de fentanilo producidas por HLB Pharma Group y Ramallo SA. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió de inmediato el uso y comercialización del lote 31202 y otros relacionados, pero más de 61.000 ampollas siguen sin ser localizadas.

El impacto fue especialmente grave en la provincia de Buenos Aires, donde el Hospital Italiano de La Plata reportó 15 muertes. Familias de las víctimas se movilizaron frente a la institución para exigir justicia y denunciar el silencio de las autoridades. “No fue un error, fue un crimen”, expresó Sol Francese, madre de uno de los jóvenes fallecidos. Los manifestantes reclamaron condenas ejemplares para los responsables y criticaron la falta de respuestas estatales.

La justicia federal investiga a los laboratorios involucrados y ha ordenado la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para directivos y responsables técnicos. Sin embargo, hasta el momento no hay imputados ni detenidos. La causa judicial avanza con peritajes y allanamientos, mientras se intenta recuperar las ampollas restantes.

El caso ha puesto en evidencia deficiencias en los controles de calidad y la supervisión estatal. HLB Pharma Group y Ramallo ya acumulaban antecedentes por desvíos de calidad. La abogada Adriana Francese, representante de varias familias, señaló: “No se tomaron las medidas necesarias a tiempo para evitar la tragedia”.

El uso de fentanilo, un opioide 50-100 veces más potente que la morfina, se incrementó durante la pandemia, lo que agravó la magnitud del problema. Las autoridades reconocen la dificultad para dimensionar el daño total, ya que muchas muertes podrían haber sido atribuidas a causas habituales en hospitales.

La crisis continúa abierta, con familias reclamando verdad y justicia, y con la expectativa de que la investigación judicial determine responsabilidades y evite futuras tragedias.