El Gobierno argentino concretó la adjudicación de las primeras concesiones viales bajo la administración de Javier Milei, dando inicio a un nuevo esquema de gestión de rutas nacionales. Los tramos Oriental y Conexión del corredor Mercosur, que suman 741 kilómetros y hasta ahora eran gestionados por el Estado, pasarán a manos privadas y serán financiados exclusivamente mediante peajes, sin subsidios estatales.

La Secretaría de Transporte, a través de la Resolución 80/2025, otorgó la concesión del Tramo Oriental a Autovía Construcciones y Servicios S.A., del grupo Cartellone, que presentó la oferta más baja: un peaje de $3.563. El Tramo Conexión, que incluye el Puente Rosario-Victoria, fue adjudicado a un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, con una tarifa de $3.385. "Las propuestas ganadoras resultan económicamente las más convenientes", justificó el Gobierno.

Las nuevas tarifas solo podrán aplicarse una vez que las empresas realicen las obras exigidas, como mejoras en pavimento, señalización e iluminación. Hasta entonces, se mantendrán las tarifas actuales, actualizadas por inflación. El Estado, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), otorgará financiamiento por hasta $56.000 millones, equivalente al 70% de la inversión requerida en cada tramo.

El corredor Mercosur es estratégico para la circulación de mercancías y la integración comercial con Uruguay y Brasil, conectando pasos fronterizos y polos productivos. El plan oficial contempla ampliar la Red Federal de Concesiones a más de 9.000 kilómetros en futuras etapas, eliminando los subsidios estatales y promoviendo la eficiencia y la inversión privada.

El proceso de adjudicación incluyó competencia entre varias empresas y la desestimación de ofertas menos convenientes. El Estado supervisará el cumplimiento de las obras y los estándares de servicio, mientras que la empresa estatal Corredores Viales quedará sujeta a privatización y eventual cierre. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo permitirá mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad y desarrollo logístico, aunque persisten demandas judiciales y antecedentes de conflictos con concesionarios previos. Se espera que la medida potencie las exportaciones y el desarrollo regional.