El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso formalmente al fiscal federal Matías Álvarez para asumir la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina. La designación de Álvarez, quien actualmente se desempeña como fiscal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se enmarca en una serie de cambios impulsados por la nueva conducción del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

Álvarez, abogado graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires y con una destacada trayectoria en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, fue definido por Mahiques como un funcionario "intachable". Además de su labor en la PROCUNAR, coordina investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires y subroga una fiscalía federal en Rosario, una de las jurisdicciones más sensibles del país en materia de narcocriminalidad. También es co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica y ha colaborado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La UIF se encontraba sin titular desde la salida de Paul Starc y la breve gestión de Ernesto Gaspari, cuya postulación fue cancelada por Mahiques. El proceso de designación de Álvarez incluye la oficialización de la postulación, una audiencia pública y la presentación de declaraciones juradas, etapas que pueden demorar al menos un mes según la normativa vigente.

En paralelo, el Ministerio de Justicia mantiene la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para auditar balances y contratos, en medio de denuncias por presuntos desvíos de fondos. El presidente Javier Milei respaldó la gestión de Mahiques y subrayó la importancia de la independencia judicial en estos procesos.

La propuesta de Álvarez se inscribe en una revisión integral de organismos clave bajo la órbita del Ministerio de Justicia, como la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados. El Gobierno busca así fortalecer la cooperación jurídica internacional y la respuesta estatal frente al crimen organizado y el lavado de activos, en línea con los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).