El Gobierno nacional oficializó este lunes un adelanto financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, en respuesta a un pedido del gobernador Martín Llaryora. La medida, formalizada mediante el Decreto 584/2026 y firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y Diego Santilli, busca asistir a la provincia ante dificultades transitorias de liquidez y garantizar el cumplimiento de compromisos presupuestarios y de deuda.

Según lo dispuesto, el monto será definido por la Secretaría de Hacienda en función de la capacidad de repago de Córdoba. El préstamo devengará una tasa de interés nominal anual del 15% y deberá ser reintegrado antes de fin de año, mediante retenciones automáticas sobre los fondos de coparticipación federal y otros recursos coparticipables. Córdoba se convierte así en la decimosexta provincia en acceder a este mecanismo de asistencia financiera durante 2026, en un contexto de caída de la recaudación nacional que ha afectado los envíos de fondos a las provincias.

El Ejecutivo nacional subrayó que la decisión busca mantener la equidad entre las jurisdicciones, recordando que provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy ya recibieron anticipos similares. "La medida permitirá reforzar las cuentas provinciales y sostener la ejecución de obras y servicios esenciales", señalaron fuentes oficiales.

El auxilio financiero llega en un momento clave para la gestión de Llaryora, quien enfrenta una deuda provincial significativa y busca consolidar su posición política de cara a futuras elecciones. Analistas políticos destacan que el acuerdo fortalece la relación entre la administración nacional y la provincia, en medio de negociaciones legislativas por la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

La devolución del préstamo se realizará mediante descuentos automáticos sobre la coparticipación, mecanismo que garantiza el repago y minimiza riesgos para el Estado nacional. El esquema de anticipos, implementado por el Ministerio de Economía, ha sido una herramienta recurrente para asistir a las provincias ante desequilibrios de caja temporales.

La medida es vista como un gesto de cooperación institucional en un contexto de restricciones fiscales y negociaciones políticas, con implicancias tanto para la estabilidad financiera de Córdoba como para el escenario político nacional.