El gobierno argentino ha puesto en marcha la "Operación Julio Argentino Roca", un operativo que involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en las fronteras norte y noreste del país. La medida, que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, ha generado un intenso debate político y social.

El despliegue, que incluye a 1,000 soldados, se llevará a cabo en coordinación con la Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Las zonas críticas de acción incluyen Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, en la provincia de Salta. Según el Ministerio de Defensa, el operativo se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025 y contará con tecnología avanzada como drones, radares móviles y helicópteros.

Durante el lanzamiento del operativo, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacaron la importancia de esta medida para reforzar la seguridad en las fronteras. "Con la ampliación del Plan Güemes, las Fuerzas Armadas se suman a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Provinciales para blindar nuestras fronteras, frenar al crimen organizado e impedir que los narcos entren a la Argentina", afirmó Petri.

Sin embargo, la decisión ha sido objeto de críticas. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han cuestionado la falta de transparencia en las reglas de empeñamiento, que son de carácter reservado. También se ha señalado el posible impacto negativo en comunidades originarias que habitan las zonas afectadas. "Es una provocación que no podemos dejar de repudiar y enfrentar", expresó Daniela Planes, docente y candidata a concejal en Salta.

El contexto histórico añade complejidad al debate. En Argentina, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior ha sido limitada debido a restricciones legales y antecedentes de violaciones de derechos humanos. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri intentó ampliar este rol, pero enfrentó resistencia política y social.

El operativo también ha generado preocupación entre los habitantes locales, quienes denuncian complicidad estatal en el narcotráfico y temen que las medidas afecten su vida cotidiana. "Está muy bien que combatan a los narcos, pero no a la gente que cruza papel higiénico o servilleta porque es la única fuente de trabajo que tienen", comentó un residente de la zona.

A pesar de las críticas, el gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria a la emergencia en seguridad pública. "Tenemos un Ejército capacitado, adiestrado y equipado para controlar y custodiar nuestras fronteras y enfrentar con profesionalismo los nuevos desafíos que las amenazan", aseguró Petri.

El desarrollo de la "Operación Julio Argentino Roca" será seguido de cerca por diversos sectores, ya que su éxito o fracaso podría tener implicaciones significativas para la política de seguridad en Argentina.