La Administración General de Puertos (AGP) oficializó la eliminación de la bonificación del 100% sobre la tarifa de la Zona de Apoyo Portuario (ZAP) en el Puerto de Buenos Aires, una medida que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026. La decisión, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto, implica que los operadores de contenedores llenos deberán abonar la tarifa completa de 14,50 dólares por unidad, modificando la estructura de costos para importadores y exportadores que utilizan las terminales concesionadas del puerto.

La bonificación, vigente desde 2018, había permitido una reducción significativa en los cargos asociados a la operatoria portuaria, beneficiando especialmente a empresas logísticas e industriales. Sin embargo, la AGP argumentó que la eliminación responde a la necesidad de asegurar la sustentabilidad económica y financiera de las operaciones portuarias bajo un modelo de gestión privada, en línea con las políticas públicas establecidas en la Ley de Bases N° 27.742. Esta normativa promueve que el sector privado asuma actividades previamente gestionadas por el Estado, requiriendo la generación de recursos propios para mantener la infraestructura y los servicios.

La resolución impactará principalmente en las terminales concesionadas, que deberán ajustar sus tarifas para cubrir los nuevos costos operativos asociados a la ZAP. Los operadores de comercio exterior, tanto nacionales como internacionales, enfrentarán un incremento en sus costos logísticos, lo que podría influir en la planificación y competitividad de las empresas que dependen del Puerto de Buenos Aires para sus exportaciones e importaciones.

Desde la AGP, un portavoz señaló que "el ajuste en las tarifas de la ZAP no solo responde a la necesidad de garantizar la viabilidad económica de las actividades portuarias, sino también a las nuevas políticas públicas que promueven la privatización de sectores operativos como este". Por su parte, representantes de sectores industriales manifestaron preocupación por el impacto de la medida en los costos de la cadena de suministro y en la competitividad del comercio exterior argentino.

El cambio marca el cierre de un ciclo de bonificaciones en el uso de la Zona de Apoyo Portuario y obliga a las empresas logísticas a adaptar sus estrategias operativas para enfrentar los nuevos costos, en un contexto de mayor protagonismo privado en la gestión portuaria nacional.