Un informe exclusivo reveló que once exmandatarios, exvicepresidentes y familiares directos perciben jubilaciones y pensiones de privilegio que, en conjunto, sumaron $97.069.545,88 netos en julio, cifra equivalente a 256 jubilaciones mínimas. El dato, obtenido a través de un pedido de acceso a la información pública a la ANSES, se conoce en medio de un intenso debate legislativo sobre el aumento a jubilados y la extensión de la moratoria previsional, medidas que el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que vetará.

Entre los beneficiarios figuran cuatro expresidentes, tres exvicepresidentes y cuatro familiares, entre ellos viudas e hijas de exmandatarios. Mauricio Macri encabeza la lista con un haber de $11.757.179,35, monto que dona, seguido por Adolfo Rodríguez Saá, quien fue presidente durante una semana en 2001, con $11.320.860. También aparecen en el listado Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, y la exvicepresidenta Gabriela Michetti, cuyos haberes superan los $8 millones mensuales. Otros beneficiarios destacados son Julio Cobos, quien también dona su haber, Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa, y María Estela Martínez de Perón.

El informe aclara que Cristina Kirchner y Amado Boudou están excluidos del listado debido a la suspensión de sus beneficios, mientras que otros exfuncionarios, como Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, renunciaron voluntariamente a la jubilación de privilegio. Javier Milei, actual presidente, también presentó un pedido para renunciar a este derecho.

El contexto de la publicación es especialmente sensible, ya que el Senado aprobó recientemente un aumento para jubilados y pensionados, que llevaría el haber mínimo a $441.564, aunque el Gobierno anunció que vetará la medida. El haber máximo actual es de $2.081.261, pero los beneficiarios de privilegio superan ampliamente esa cifra.

La difusión de estos datos reaviva el debate sobre la equidad y los privilegios en el sistema previsional argentino, en un momento de ajuste fiscal y crecientes demandas sociales. Mientras algunos beneficiarios optan por donar sus haberes, la existencia de estos regímenes especiales sigue generando controversia y cuestionamientos en la opinión pública.