En una jornada clave para la institucionalidad santafesina, la Legislatura provincial fue escenario de la jura de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. El acto, realizado en sesión conjunta de ambas cámaras y en Asamblea Legislativa, marcó el cierre de un prolongado período de vacancia en cargos fundamentales para la protección de derechos en la provincia.

Arístides Javier Lasarte asumió como Defensor del Pueblo, acompañado por Erika María del Luján Gonnet y Estanislao Parreño, quienes ocuparán los cargos de Defensores Adjuntos para las zonas sur y norte, respectivamente. Por su parte, Juan Cruz Giménez fue designado como Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, completando así la estructura de conducción de ambos organismos.

La ceremonia, presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia, se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de legisladores, funcionarios y representantes de la sociedad civil. Las designaciones fueron oficializadas por decreto del Poder Ejecutivo y acuerdo legislativo, tras un proceso que incluyó la evaluación de antecedentes y la búsqueda de consensos políticos.

En sus primeras declaraciones, Lasarte destacó la responsabilidad de "colaborar con el bienestar de los santafesinos" y anunció la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la gestión. Parreño subrayó la importancia de una Defensoría "más cercana al pueblo y reconocida en la futura reforma constitucional", mientras que Gonnet asumió el desafío de garantizar transparencia y eficacia en un contexto digital. Giménez, con experiencia en políticas de infancia, enfatizó la necesidad de "garantizar una vida digna para cada niño" y trabajar junto a la sociedad para cumplir la normativa vigente.

La renovación de autoridades se produce en la antesala de la Convención Constituyente que reformará la Constitución provincial, un hecho inédito tras 62 años de vigencia de la actual Carta Magna. El fortalecimiento de estos organismos busca consolidar la protección de derechos y la institucionalidad en Santa Fe, en un contexto de desafíos sociales y políticos.