Un allanamiento realizado en una vivienda de La Plata generó polémica luego de que la policía secuestrara 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones pertenecientes a un adolescente de 16 años, reconocido como tirador deportivo federado. El operativo, autorizado por la Justicia tras la aparición de videos en redes sociales donde el joven manipulaba armas, se enmarca en una investigación por presuntas amenazas de tiroteo en escuelas de la región.

Durante el procedimiento, tanto el menor como su padre, instructor internacional de tiro, fueron esposados y notificados de la causa. El entorno familiar y la defensa legal cuestionaron la medida, argumentando que el arsenal estaba debidamente registrado y destinado a la práctica deportiva, actividad en la que el joven representa a la ciudad y al país en competencias internacionales. "Se los llevaron esposados como si fueran criminales. Está todo en regla. El padre es un instructor destacado", señalaron allegados a la familia.

La defensa técnica del adolescente sostuvo que la investigación omitió considerar el contexto deportivo y la normativa vigente, que permite la práctica de tiro por menores bajo supervisión. Además, criticaron el despliegue policial y judicial, calificándolo de desproporcionado y carente de criterio. "Lejos de combatir criminales reales, se utilizaron recursos y tiempo en un deportista reconocido dentro de la disciplina", expresaron desde el estudio jurídico.

El secuestro de las armas afecta la preparación del joven para competencias internacionales, mientras la Justicia debe resolver la restitución del material y determinar si existió alguna irregularidad. El caso reavivó el debate sobre el uso de recursos estatales, la criminalización de actividades legales y la necesidad de procedimientos más rigurosos antes de intervenir en situaciones similares.

La causa continúa en etapa de investigación y la resolución judicial será clave para definir responsabilidades y eventuales consecuencias para los involucrados.