La Cámara Federal de San Martín ordenó este martes la excarcelación de Eva Mieri, concejal de Quilmes, quien permanecía detenida en el penal de Ezeiza por su presunta participación en el escrache frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert. La decisión, adoptada por los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, también incluyó la moderación de las condiciones de excarcelación para Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, cuya caución fue reducida de 30 a 2 millones de pesos.

Ambas funcionarias estaban imputadas por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos, en concurso con otros delitos. El episodio investigado ocurrió el 17 de junio, cuando un grupo de militantes arrojó estiércol y desplegó pasacalles y volantes frente a la vivienda de Espert en Beccar. Según la investigación, vehículos vinculados al municipio de Quilmes y al gobierno bonaerense habrían sido utilizados en el hecho.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había dispuesto la prisión preventiva de Mieri y Abaigar, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos. Sin embargo, la Cámara Federal consideró que no existen elementos suficientes para sostener la detención, valorando la colaboración de Mieri durante el allanamiento y la falta de antecedentes penales de ambas imputadas. "No se explican cuáles serían aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria", señalaron los magistrados.

La defensa de las acusadas y referentes del kirchnerismo, como la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, denunciaron una "persecución política" y celebraron la excarcelación. Mendoza afirmó: "Es un acto de justicia frente a tanta prepotencia, agravio y persecución política. Ahora esperamos el cierre de esta causa absurda y la absolución definitiva de todas las compañeras".

El caso se inscribe en un contexto de alta tensión política, tras la condena de Cristina Kirchner y protestas de militantes peronistas. Mientras tanto, el oficialismo sostiene la gravedad de los hechos y la necesidad de investigar el posible uso indebido de recursos públicos. Las imputadas seguirán sometidas a proceso, aunque en libertad, bajo cauciones y restricciones impuestas por la Justicia.