La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el rechazo de una demanda civil por daños y perjuicios contra la conductora televisiva Mirtha Legrand, su productora y el canal América TV, en relación con la cobertura del caso Cigarreta, la desaparición de una bebé en una clínica de Mar del Plata en 1997. El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, refuerza la protección de la libertad de expresión en la cobertura de asuntos de interés público.

La demanda fue presentada por los padres de Rocío Cigarreta, quienes alegaron que la difusión de hipótesis y versiones en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand" les causó un daño moral, afectando su honor y el de su familia. Argumentaron que la cobertura incluyó imputaciones graves y la exposición de datos personales, sin la debida verificación o refutación por parte de la conductora o el canal.

En primera instancia, la justicia había dado la razón a los demandantes, pero la Sala M de la Cámara Civil revocó esa decisión, aplicando la doctrina de la "real malicia". Según este estándar, solo hay responsabilidad civil si se prueba que la información fue difundida con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio por la verdad. El dictamen del procurador Víctor Abramovich, al que la Corte adhirió, destacó que no se acreditó la existencia de "real malicia" y que el programa ofreció espacio a diversas versiones y actores involucrados en la investigación.

El fallo de la Corte Suprema declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia de la Cámara Civil, rechazando definitivamente la demanda. "Esta Corte comparte los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos corresponde remitir en razón de la brevedad", expresaron los jueces en su resolución.

El caso Cigarreta tuvo gran repercusión mediática y social, y el fallo es interpretado como un respaldo a la labor periodística en temas de interés público. Mientras los demandantes sostienen que se vulneró su honor e intimidad, sectores del periodismo y la sociedad civil destacan la importancia de la decisión para garantizar un debate público robusto y la protección de la libertad de prensa en Argentina.