La tensión política entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales alcanzó un nuevo pico en la antesala de una sesión clave en el Senado. El mandatario nacional endureció su discurso y acusó a los gobernadores de intentar "destruir al Gobierno Nacional" mediante el impulso de proyectos legislativos que, según su visión, pondrían en riesgo el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.

En una extensa entrevista radial, Milei advirtió que vetará y judicializará cualquier ley que implique un aumento del gasto público, como los proyectos de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, que cuentan con media sanción de Diputados y podrían ser aprobados en la Cámara Alta. "Si me rechazan el veto, voy a judicializarlo. El 11 de diciembre revierto todo esto", sentenció el presidente, quien además minimizó el impacto de estas medidas y anticipó una victoria oficialista en las elecciones legislativas de octubre.

La reacción de los gobernadores no se hizo esperar. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, negó que exista un intento de desestabilización y defendió el rol colaborativo de las provincias en la aprobación de leyes clave para el Gobierno. "Hemos ayudado a lograr el superávit fiscal, bajar la inflación y reducir el riesgo país", afirmó Jaldo, quien también reclamó una distribución más equitativa de los recursos coparticipables.

Mientras tanto, en el Senado, la oposición y sectores dialoguistas buscan avanzar con proyectos que aumentarían los fondos para las provincias y mejorarían los haberes jubilatorios. Sin embargo, un grupo de gobernadores del PRO y la UCR decidió no acompañar algunas de estas iniciativas, priorizando los proyectos tributarios que consideran más consensuados.

Analistas políticos advierten que, pese a la retórica confrontativa, el Gobierno seguirá necesitando acuerdos con los gobernadores para sostener la gobernabilidad, ya que no se prevé que el oficialismo logre mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones. El escenario político se mantiene así en máxima tensión, con un Senado que podría definir el rumbo de la relación entre la Nación y las provincias en los próximos meses.