El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, decidió restablecer las retenciones plenas a las exportaciones de soja y maíz a partir del 1° de julio, una medida que generó un fuerte rechazo en el sector agropecuario y reavivó el histórico conflicto entre el campo y el Estado. La alícuota para la soja vuelve al 33% y la del maíz al 12%, tras una rebaja temporal que había sido implementada a comienzos de año. En contraste, el Ejecutivo mantuvo la reducción de retenciones para el trigo y la cebada, cultivos actualmente en etapa de siembra.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, integrada por la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro, emitió un comunicado conjunto en el que calificó la medida como "discrecional, de corto alcance y perjudicial para la competitividad del sector". El documento sostiene que "el campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones", y advierte que la presión fiscal "asfixiante, inequitativa e injusta" afecta el desarrollo y la calidad de vida en las provincias productoras.

Dirigentes rurales como Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, criticaron duramente al gobierno por incumplir la promesa de eliminar las retenciones. "El presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga la baja", afirmó Kovarsky. Técnicos de CREA advirtieron ante legisladores que, con la nueva carga impositiva, el 80% del área agrícola podría volverse inviable para el cultivo de soja, lo que impactaría negativamente en la generación de divisas y la sostenibilidad del sector.

En los días previos al restablecimiento de las retenciones, se aceleraron las declaraciones juradas de ventas al exterior, con el sector agropecuario liquidando cerca de 12 millones de toneladas en junio. Analistas económicos prevén que la medida reducirá la oferta de divisas en el mercado y podría generar presión sobre el tipo de cambio oficial, aunque algunos especialistas consideran que la estabilidad podría mantenerse hasta mediados de julio.

El gobierno justifica la decisión en la necesidad de mantener el superávit fiscal y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el malestar en el campo crece y se espera que el conflicto se traslade a la agenda política y social en las próximas semanas, especialmente de cara a la tradicional feria rural de Palermo, donde se anticipan nuevas manifestaciones del sector.