El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, se presentó como querellante en la causa que la Justicia federal argentina lleva adelante contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad. Gallo, de 34 años, fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela para reencontrarse con su familia, siendo acusado por el gobierno venezolano de espionaje y conspiración para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Durante su cautiverio en la cárcel de El Rodeo I, Gallo denunció haber sufrido tortura psicológica y aislamiento, situación que fue señalada como detención arbitraria por organismos internacionales como la ONU y la CIDH. Tras su liberación el 1 de marzo de 2026, Gallo regresó a la Argentina, donde fue recibido por su familia y autoridades nacionales. En sus primeras declaraciones públicas, expresó: “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.

La causa argentina contra Maduro y otros jerarcas chavistas se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países. El expediente cuenta con informes de la ONU, la CIDH y otras organizaciones que documentan detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela desde 2014. La justicia argentina ha solicitado la extradición de Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y otros delitos.

El caso de Gallo ha generado una fuerte reacción política y diplomática, visibilizando la situación de otros presos políticos extranjeros en Venezuela. El gobierno argentino y organismos internacionales han respaldado su reclamo de justicia, mientras que la defensa de Maduro en Estados Unidos cuestiona la legalidad de su detención y busca acceder a fondos bloqueados para su defensa. El proceso judicial continúa en ambos países, con implicaciones para la protección de los derechos humanos y la responsabilidad internacional por crímenes graves.