La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consolidado en los últimos tres meses su plataforma de subastas electrónicas judiciales, una herramienta que busca modernizar y transparentar la venta de bienes decomisados en causas judiciales. Desde su puesta en marcha, más de 1.078 personas se han empadronado para participar en las pujas online, que ya suman 301 subastas correspondientes a 186 expedientes, de las cuales 84 han finalizado y 53 resultaron en ventas efectivas.

El sistema, implementado tras la Acordada 15/2025 y en acuerdo con la Suprema Corte Bonaerense, permite la participación de oferentes de todo el país, garantizando el anonimato y eliminando intermediarios. Entre los activos subastados figuran terrenos, viviendas, autos, camiones, muebles, equipamiento, marcas y acciones, con 20 inmuebles y 29 vehículos ya vendidos. Para junio, se proyectan 76 remates, con una media de seis por día.

Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de bienes decomisados en la causa Vialidad, que involucra propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. La reciente decisión de la Cámara de Casación Penal, que rechazó un recurso extraordinario presentado por Fernández de Kirchner, habilita la ejecución de los remates, aunque la exmandataria aún puede apelar ante la Corte Suprema.

El proceso de subasta es completamente digital: los interesados deben empadronarse y registrarse para cada venta, con un plazo mínimo de 15 días para la verificación de datos. El sistema calcula automáticamente el valor inicial de los bienes si no existe una base y exige incrementos mínimos del 5% en las ofertas. La prioridad se establece según la fecha y hora de ingreso de las propuestas.

La iniciativa responde a la necesidad de evitar la presencialidad, ampliar la participación y desactivar prácticas irregulares como la "liga de rematadores", que direccionaba subastas en beneficio de unos pocos. Fuentes judiciales destacan la aceptación y confianza en la herramienta, subrayando la transparencia, seguridad y control ciudadano que ofrece el nuevo sistema. Se espera que, en el futuro, todos los tribunales federales del país se integren a esta modalidad, consolidando un proceso más ágil y transparente en la administración de justicia.