El Ministerio de Seguridad Nacional informó la detención de un ciudadano argentino de 37 años, identificado como simpatizante de la organización Antifa, acusado de amenazas e intimidación pública contra la senadora Patricia Bullrich. El operativo, llevado a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, se realizó en una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo, donde se incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar, máscaras antigás, municiones de grueso calibre, cuchillos largos, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos electrónicos vinculados a tecnología y hackeo, botellas de vidrio, sogas y materiales para la fabricación de cócteles molotov.

Entre los objetos secuestrados se encontraron banderas con inscripciones antifascistas, insignias del movimiento Antifa, pines con amenazas dirigidas al presidente Javier Milei y otros funcionarios, así como banderas de Palestina. La investigación se inició en mayo de 2025, tras la detección de publicaciones intimidatorias en redes sociales, donde una de las publicaciones mostraba el rostro de Bullrich acompañado por expresiones de odio, como la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”.

Según la información oficial, el detenido habría actuado como promotor y articulador entre movimientos de jubilados y organizaciones de izquierda radicalizada, participando activamente en movilizaciones de apoyo a estos sectores. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N°8. El detenido quedó a disposición judicial bajo cargos de amenazas e intimidación pública, mientras se analizan los elementos secuestrados.

La denuncia penal presentada la semana pasada contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir videos sobre la fabricación de artefactos punzantes, fue citada como parte del contexto de preocupación oficial por la difusión de tácticas violentas en redes sociales. El Ministerio de Seguridad sostiene que estos contenidos no son educativos, sino llamados directos al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación. El caso se inscribe en las políticas de prevención de delitos contra funcionarios públicos y en el contexto de movilizaciones y protestas recientes, donde el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.