El Gobierno argentino ha impulsado una reforma a la Ley de Glaciares, enviando un proyecto al Senado que propone flexibilizar la protección de estas reservas naturales para facilitar inversiones en minería e infraestructura. La iniciativa, respaldada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA), busca que la determinación de áreas protegidas se realice "caso por caso", priorizando aquellas geoformas con función hídrica estratégica.

Según el proyecto, la autoridad competente de cada provincia será responsable de identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes, permitiendo que la actividad minera avance en zonas no consideradas estratégicas. "No todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos", sostiene CAMARCO, argumentando que la prohibición genérica actual paraliza obras y proyectos productivos sin sustento técnico.

La reforma también recorta el poder de veto del Inventario Nacional de Glaciares, permitiendo que las provincias informen al instituto sobre áreas que no cumplen funciones hídricas, las cuales serían eliminadas del registro. El proyecto mantiene el principio precautorio, pero introduce mecanismos para excluir áreas tras estudios técnicos específicos.

El respaldo de gobernadores de provincias mineras y la adhesión de cámaras empresariales internacionales refuerzan la visión de que la certeza jurídica es esencial para atraer inversiones y transformar el potencial geológico en exportaciones. "La delimitación debe sustentarse en criterios científicos claros que otorguen previsibilidad y certeza a todos los actores involucrados", subrayó la UIA.

Sin embargo, la reforma genera preocupación entre sectores ambientalistas y parte de la ciudadanía, que advierten sobre los riesgos para el agua y los ecosistemas. El senador Flavio Fama, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, enfatizó la importancia de consensos amplios y educación técnica para que el país aproveche su oportunidad histórica en el sector minero-energético.

El debate sobre la Ley de Glaciares se inscribe en un contexto de desregulación y privatización de activos energéticos, con expectativas de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Las implicaciones futuras dependerán de la capacidad de los actores políticos y sociales para equilibrar la protección ambiental con el impulso a la inversión y el empleo.