Santa Fe: condenaron a 3 años de prisión a un cura por el abuso sexual de una menor en un campamento scout
• Condenan a 3 años de prisión condicional al sacerdote Marcelo Ferrero por abuso sexual de una menor en un campamento scout en Córdoba. • Inhabilitación perpetua para ejercer el sacerdocio y medidas restrictivas. • La diócesis activó protocolo de protección.


El sacerdote Marcelo Ferrero fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado contra una menor de edad, durante un campamento scout realizado en enero de 2025 en Río Ceballos, Córdoba. La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en los Tribunales de Rafaela, Santa Fe, tras un juicio abreviado en el que Ferrero reconoció su responsabilidad.
El hecho ocurrió durante el campamento de cierre anual del grupo scout San Ramón Nonato de Ramona, al que asistieron unas 110 personas, entre niños, jóvenes y adolescentes. Ferrero, de 57 años y con casi tres décadas de trayectoria religiosa, acompañaba al grupo como sacerdote de la diócesis de Rafaela. Según la investigación liderada por la fiscal Flavia Burella, los abusos se produjeron los días 6 y 8 de enero.
Además de la condena condicional, el magistrado impuso la inhabilitación perpetua para ejercer el sacerdocio, la obligación de residir en Córdoba durante la condena, la prohibición de ingresar a Ramona y de contactar a la víctima, así como la asistencia obligatoria a talleres de masculinidades. La diócesis de Rafaela, al tomar conocimiento de la denuncia, activó el protocolo previsto para la prevención y abordaje de abusos, cesando a Ferrero de todas sus funciones pastorales y trasladándolo fuera de la localidad.
En un comunicado, la diócesis expresó "dolor y perplejidad" por el caso y reafirmó su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables. La víctima y su familia manifestaron conformidad con el proceso judicial y la pena impuesta. El caso generó conmoción en la comunidad de Ramona y en la región, sumándose a otros antecedentes de abusos en ámbitos eclesiásticos en el país.
La resolución judicial y las medidas adoptadas buscan garantizar la protección de la víctima y la comunidad, mientras la diócesis se mantiene a disposición de la justicia. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de protocolos efectivos para prevenir y abordar situaciones de abuso en contextos religiosos.
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