El asesinato de Rosalía Yamila La Roza, agente de la Policía Federal Argentina, ocurrido el 21 de marzo en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, ha dado un giro inesperado tras la aparición de nuevas pruebas que apuntan a la premeditación del crimen por parte de su hijo de 15 años. En un principio, la investigación se centró en la hipótesis de un disparo accidental durante un forcejeo entre madre e hijo. Sin embargo, pericias forenses y evidencia digital han modificado sustancialmente el rumbo de la causa.

Según fuentes judiciales y familiares, el menor habría anticipado su intención de asesinar a su madre a través de mensajes en redes sociales, y posteriormente comunicó el hecho a personas de su entorno. Las pericias balísticas confirmaron que el disparo fue efectuado por la espalda, lo que descarta la versión inicial de un accidente doméstico. "El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica", expresó la familia de la víctima en un comunicado difundido en redes sociales, donde también exigieron celeridad y máxima eficiencia en la investigación.

El adolescente, considerado no punible por la legislación argentina, fue trasladado fuera del departamento Rosario y permanece bajo medidas restrictivas, a la espera de una nueva audiencia prevista para el 27 de abril. La causa está a cargo de la fiscal Virginia Gabenara, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, y se mantiene bajo estricta reserva.

El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia juvenil en la provincia de Santa Fe, tras otros episodios recientes que han puesto en debate la respuesta del sistema penal juvenil. La familia de La Roza reclama la aplicación plena de la Ley 27.801 y un acceso efectivo a la justicia, mientras el entorno de la víctima transita un duelo marcado por la incertidumbre y la exigencia de respuestas institucionales. El desenlace de la investigación podría sentar un precedente en la aplicación de la normativa penal juvenil en casos de extrema gravedad.