Una joven de 19 años falleció el pasado 16 de febrero en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, tras permanecer diez días internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo". El caso, que generó conmoción en la comunidad local, puso en evidencia la grave situación de vulnerabilidad social que atraviesan numerosas familias en la región.

Según el parte oficial del hospital, la joven ingresó el 6 de febrero con un cuadro de sepsis y comorbilidades previas que condicionaban su estado general de salud. "Desde su ingreso permaneció internada bajo tratamiento y monitoreo permanente, produciéndose su fallecimiento el día 16 de febrero a causa de la complejidad de su cuadro clínico", informaron las autoridades médicas, quienes aclararon que no existe diagnóstico que confirme intoxicación alimentaria ni vínculo directo con el consumo de alimentos provenientes del basural, como se mencionó en algunas publicaciones.

Sin embargo, organizaciones sociales y referentes de comedores comunitarios sostienen que la familia de la joven, compuesta por nueve hermanos y una madre en situación de extrema vulnerabilidad, recurría habitualmente al basural para alimentarse. "Es real: consumieron alimentos de la basura, como miles de familias de Caleta Olivia en estado de vulnerabilidad, porque nuestros comedores no dan abasto", afirmó Lorena Farfán, referente del Polo Obrero local. La situación fue calificada por sectores sociales como un "crimen de Estado" y motivó fuertes críticas a las políticas alimentarias nacionales y provinciales.

El hospital informó que tres hermanos menores de la joven permanecen internados, aunque evolucionan favorablemente, y que la madre fue dada de alta tras recibir atención médica. La familia, que no contaba con recursos básicos ni documentación, recibe ahora asistencia de áreas de Desarrollo Social y Minoridad.

El caso reavivó el debate sobre la crisis social en Santa Cruz, una provincia rica en recursos pero golpeada por el desempleo, el cierre de comercios y la insuficiencia de la ayuda alimentaria. Referentes de comedores comunitarios denunciaron que la demanda de viandas se duplicó en los últimos meses y que la asistencia estatal resulta insuficiente. "No son números, son criaturas. Para mí es un crimen social. Y va a seguir pasando", advirtió Mariana Ibarra, responsable de un merendero local.

Mientras la investigación oficial continúa, el caso de la joven fallecida en Caleta Olivia se ha convertido en símbolo de una problemática estructural que afecta a cientos de familias en la región, y ha motivado reclamos urgentes por políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación y la protección social.