El Senado argentino se prepara para sancionar la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una votación clave prevista para el 27 de febrero. Tras obtener media sanción y ser aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados, el proyecto regresa a la Cámara alta con el respaldo necesario para su aprobación definitiva.

La reforma modifica más de 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente desde 1974, y representa un giro significativo en la regulación laboral del país. Entre los principales cambios se destacan la limitación en el cálculo de indemnizaciones, excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará despidos con aportes de la seguridad social. Además, la jornada laboral máxima se extiende de 8 a 12 horas, siempre que no se superen las 48 horas semanales, y el pago de horas extras deja de ser obligatorio, pudiendo ser reemplazado por días libres.

El proyecto fue ajustado para eliminar el polémico artículo 44, que reducía los pagos por licencias médicas, con el objetivo de "blindar" otros puntos clave como el FAL y los cambios en indemnizaciones. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos han decidido concentrar su respuesta en la vía judicial, presentando amparos por inconstitucionalidad y organizando marchas a Tribunales.

Abogados laboralistas advierten que la reforma afectará a todos los trabajadores ocupados, independientemente de su antigüedad, al limitar el cálculo de indemnizaciones. Critican que el fondo FAL utilice aportes públicos para financiar despidos privados, lo que consideran una transferencia de riesgos desde los empleadores hacia la seguridad social.

El contexto económico y social de Argentina, marcado por el estancamiento y la alta informalidad laboral, ha facilitado el avance de la reforma, a diferencia de intentos anteriores que fracasaron por resistencia sindical y crisis. El gobierno sostiene que la nueva ley incentivará el empleo registrado y reducirá la informalidad, mientras que opositores y especialistas en derecho laboral consideran que la reforma es regresiva y vulnera derechos adquiridos.

El debate público refleja una fuerte polarización entre sectores empresariales, sindicales y políticos. Economistas advierten que el impacto real de la reforma dependerá del crecimiento económico, y la oposición anticipa que judicializará la norma, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema. La sanción de la ley marca un punto de inflexión en la historia laboral argentina, con implicaciones futuras para el equilibrio social y la protección de los trabajadores.