El Gobierno nacional presentó este viernes una apelación contra el fallo de la jueza laboral Moira Fullana, quien había suspendido la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público, originalmente previsto para el 27 de junio. La medida, que había sido anulada por el Ejecutivo mediante decreto en el marco de un plan de ajuste y racionalización del gasto público, fue restituida tras una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión a través de su cuenta de X, donde sostuvo que la magistrada “actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854”. Adorni enfatizó: “No podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”, y cuestionó el alcance del fallo judicial, enmarcándolo como un intento de frenar decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada, se argumenta que la eliminación del feriado responde a la necesidad de reorganizar los horarios de atención y la presencia del personal en organismos públicos, en línea con estándares internacionales y un uso más eficiente de los recursos estatales. El Gobierno considera que la decisión judicial representa una “intervención indebida” y un obstáculo para el avance del plan de reformas impulsado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Por su parte, los sindicatos estatales celebraron la medida judicial y defendieron el asueto como un derecho adquirido, argumentando que su supresión implicaría un retroceso en materia de protección laboral. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a desacatar el decreto y sostuvo que “nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional”.

La controversia expone una nueva línea de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el fuero laboral, en un contexto de fricción creciente por las reformas estatales. La resolución final sobre el futuro del asueto queda ahora en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras persiste la tensión entre el Gobierno, la Justicia y los sindicatos.