La Justicia argentina ha ordenado a la expresidenta Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar una suma de $684 mil millones en concepto de decomiso por maniobras fraudulentas en la obra pública. El Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso que los condenados tienen un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta judicial del Banco Nación, venciendo el plazo el 13 de agosto debido a la feria judicial.

En caso de incumplimiento, la Justicia procederá al remate de los bienes embargados a nombre de los condenados, entre los que se encuentran cuentas bancarias, inmuebles en Santa Cruz y Buenos Aires, y sociedades empresarias. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han elaborado un listado detallado de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos, así como de Lázaro Báez y el resto de los acusados, que será utilizado para ejecutar la condena.

El monto del decomiso fue definido por la Corte Suprema, basándose en los beneficios obtenidos por Báez a través del direccionamiento de obras viales y el sobreprecio pagado por el Estado, que promedió un 20%. Sin embargo, la defensa de Kirchner presentó un peritaje que estima el monto a decomisar en $42.494 millones, muy por debajo de la cifra oficial.

La causa Vialidad investiga irregularidades en 51 licitaciones de obras viales entre 2003 y 2015, período que abarca las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Santa Cruz fue la provincia más beneficiada, con el 80% de las obras asignadas a Austral Construcciones, empresa vinculada a Báez.

Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en el domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó esta modalidad de cumplimiento de la pena, fundamentando su decisión en un informe socioambiental favorable.

El caso ha generado un intenso debate en la sociedad argentina sobre el alcance de la corrupción y sus consecuencias políticas. Mientras los fiscales y el tribunal insisten en la cifra calculada por la Corte Suprema, la defensa sostiene que el monto es considerablemente menor y anticipa nuevas apelaciones. El desenlace de este proceso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política y la justicia en Argentina.