El Congreso argentino se encuentra en pleno debate de una serie de proyectos legislativos considerados prioritarios por el Gobierno nacional, en un contexto marcado por la atención pública en el Mundial de Fútbol. Entre las iniciativas más relevantes se destacan el pago a los fondos holdouts, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI) y la controvertida Ley de Lobby.

El proyecto de Ley de Lobby, impulsado por el oficialismo, enfrentó un rechazo casi unánime en la Cámara de Diputados. Durante la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. Organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y entidades profesionales coincidieron en que la iniciativa presenta definiciones demasiado amplias y sanciones excesivas, lo que podría derivar en la criminalización de la participación ciudadana y la cooperación internacional. "Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana", afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Ante este escenario, el oficialismo decidió posponer el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas para buscar consensos y modificar los puntos más controvertidos.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar con el pago a dos fondos holdouts, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP., por un total de USD 171 millones. Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, debe ser aprobada antes del 30 de junio para evitar la ejecución de embargos sobre activos argentinos en el exterior. El acuerdo incluye una quita cercana al 30% de la deuda reclamada y es visto como un paso necesario para resolver litigios pendientes desde el default de 2001.

Otro proyecto central es el Súper RIGI, que apunta a incentivar inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias tecnológicas y del futuro, ofreciendo beneficios fiscales, arancelarios y estabilidad regulatoria por 30 años. Si bien la propuesta cuenta con el respaldo de aliados como el PRO y la UCR, estos sectores han solicitado ajustes para garantizar la participación de proveedores locales y una definición más precisa de las industrias alcanzadas.

El debate legislativo continuará en los próximos días, con la expectativa de que el oficialismo logre avances significativos antes del cierre del Mundial. Sin embargo, la falta de consensos plenos, especialmente en torno a la Ley de Lobby, anticipa negociaciones intensas y posibles modificaciones en los textos originales.