El Gobierno nacional avanzó con un decreto que permitirá a varias provincias gestionar obras en rutas nacionales dentro de sus territorios, en un movimiento que busca descentralizar la administración vial y fortalecer alianzas políticas clave. La medida fue confirmada tras una reunión encabezada por Karina Milei en la Casa Rosada, junto a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, además de funcionarios como Eduardo "Lule" Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El decreto habilita a provincias como Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a gestionar, financiar y mantener tramos de rutas nacionales mediante inversión privada y el cobro de peajes. "El resto de las provincias está siguiendo el paso de Mendoza, pidiendo rutas para arreglar y recuperar fondos por peajes. Nosotros ya lo hicimos y estamos esperando el decreto para poder recuperar mediante peaje", explicó Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza.

En Mendoza, las obras ya adjudicadas incluyen la intervención de 107 kilómetros de la ruta 143, con una inversión de $62.868 millones, y un plan de transformación integral en 16 kilómetros de la ruta 40, con casi $89.000 millones. El sistema de peajes se implementará una vez finalizadas las obras, como en la ruta 153, que será la primera en incorporar un peaje administrado por la provincia.

El Estado nacional mantendrá la titularidad y la supervisión técnica de las rutas, pero delega la gestión y el mantenimiento a las provincias por hasta 30 años. Las provincias tendrán un año para licitar y 90 días para adjudicar los contratos; en caso de incumplimiento, la Nación retomará el control. La medida responde a demandas históricas de los gobernadores, especialmente tras la paralización de la obra pública nacional, y busca acelerar la recuperación de la infraestructura vial sin depender exclusivamente del presupuesto central.

El decreto también tiene un trasfondo político: el Gobierno busca consolidar alianzas con gobernadores aliados, sostener apoyos legislativos y evitar confrontaciones en un contexto de crisis interna y negociaciones de cara a 2027. Mientras tanto, la oposición y sectores judiciales mantienen críticas y pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, lo que añade presión al oficialismo en el Congreso.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de "federalismo operativo" y descentralización administrativa, permitiendo a las provincias ganar protagonismo en la gestión de infraestructura, mientras la Casa Rosada retiene la supervisión y la capacidad de intervención ante situaciones críticas. El impacto de la medida se verá en la mejora de rutas clave y en la dinámica política entre la Nación y las provincias.