Un escándalo político sacude a la provincia de Buenos Aires tras la filtración de audios que comprometen a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y al oficialismo provincial en presuntos acuerdos para el armado de listas y el financiamiento de la campaña electoral. Los audios, atribuidos a Alejandro Carrancio, diputado provincial y coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística, revelan negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof para definir candidatos, repartir distritos y canalizar recursos públicos hacia la estructura libertaria.

En las grabaciones, Carrancio admite la existencia de un acuerdo político con el kirchnerismo para incluir personas afines en las listas seccionales y facilitar la gobernabilidad en la Cámara de Diputados y los concejos deliberantes. "Ellos creen que van a retener la provincia. Pero va a quedar muy pareja la conformación de la Cámara, principalmente la de Diputados. En la de Diputados lo más probable es que definan ustedes. Nosotros queremos darles a ustedes una paritaria al año", se escucha en uno de los audios.

El escándalo se agrava con la denuncia de venta de candidaturas en dólares y la utilización de fondos públicos para financiar la campaña. Cristian León, ex precandidato a intendente de Mar Chiquita por LLA, anunció que presentará ante la Justicia los audios como prueba y aseguró que "el acuerdo se mantiene hasta hoy, para eso basta ver lo que está pasando en los concejos deliberantes, como el del Partido de la Costa". León sostiene que la maniobra no se limita a la Quinta Sección Electoral, sino que se extiende a toda la provincia.

La denuncia formal se presentará en las próximas horas, con la posibilidad de reabrir causas previas sobre venta de candidaturas que habían sido archivadas. El cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses está previsto para el 19 de julio, en un contexto de fuerte tensión interna en LLA y cuestionamientos a la transparencia del proceso electoral.

El caso pone en evidencia la compleja trama de alianzas y designaciones políticas en organismos estatales, utilizada como herramienta de construcción territorial y control político. El impacto institucional es significativo y abre interrogantes sobre la ética y la legalidad de los acuerdos entre oficialismo y oposición en la provincia más poblada del país.