La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a la reforma integral de la Ley de Ministerios, una iniciativa enviada por el gobernador Gustavo Sáenz que busca reorganizar la estructura del gobierno provincial y reducir el número de secretarías de Estado. El proyecto, aprobado por mayoría y con tratamiento sobre tablas, propone una disminución significativa de áreas administrativas, pasando de 48 a 30 secretarías, lo que representa un recorte del 37,5%.

La reforma elimina el Ministerio de Infraestructura, cuyas competencias serán absorbidas por la nueva Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, el Ministerio de Gobierno incorporará el área de Justicia, mientras que el Ministerio de Seguridad se enfocará exclusivamente en políticas de prevención del delito, seguridad vial y emergencias. El Ministerio de Producción sumará Minería, reflejando la importancia estratégica de este sector en la economía salteña. El Ministerio de Economía y Servicios Públicos asumirá funciones de modernización del Estado, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Durante la sesión, el diputado Roque Cornejo fue el único que votó en contra, argumentando que la reforma se trató sin el debate institucional necesario. Otros legisladores, como Guillermo Durand Cornejo, advirtieron que la reducción de secretarías podría no traducirse en una disminución de la planta de empleados, ya que muchas áreas serían reconvertidas en programas de gobierno. La diputada Socorro Villamayor destacó que la ley establece un límite claro de treinta secretarías, pero habilita al Ejecutivo a reorganizar funciones según las necesidades.

El debate se da en un contexto de ajuste nacional y búsqueda de eficiencia administrativa. Analistas políticos señalan que la efectividad de la reforma dependerá de cambios profundos en el gabinete, ya que la estructura por sí sola no garantiza dinamismo en la gestión. "Las personas son las que le dan dinamismo a la gestión. Las estructuras sin recambio son estructuras muertas", afirmó el analista Pedro Buttazzoni.

El gobernador Sáenz sostiene que la reorganización permitirá mejorar el funcionamiento gubernamental y elevar los estándares de eficiencia, mientras que la oposición y algunos sectores advierten sobre el desgaste político y la necesidad de renovación. El proyecto ahora será tratado en el Senado, donde se definirá su aprobación definitiva. La aplicación efectiva de la reforma quedará condicionada a futuras decisiones administrativas y al impacto real en la estructura estatal.