La provincia de San Juan se convirtió en el primer distrito argentino en aplicar la Ley de Modernización Laboral, que exige la garantía de un 75% de prestación en servicios esenciales como la educación durante huelgas. El paro docente previsto para el 11 y 12 de marzo fue suspendido luego de que la Subsecretaría de Trabajo intimara a los gremios UDAP, UDA y AMET por no presentar un plan que asegurara la cobertura mínima exigida por la nueva normativa.

La medida, que no se basó en una conciliación obligatoria tradicional, fue justificada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien afirmó que San Juan "marca un precedente" en la aplicación de la ley nacional, vigente desde el 6 de marzo. "No se prohíbe reclamar ni hacer medidas de fuerza, es simplemente hacerlo bajo estas condiciones", explicó Marchese, advirtiendo que la misma lógica se aplicará en futuros conflictos de salud o transporte.

En respuesta, los gremios docentes decidieron levantar el paro pero mantuvieron su reclamo salarial y realizaron una "Marcha de Antorchas" como forma de protesta alternativa. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) calificó la medida como un "ataque directo a la libertad sindical" y anticipó la judicialización del conflicto, argumentando que el 75% de cobertura exigido es arbitrario y limita el derecho constitucional a huelga.

En paralelo, el Gobierno provincial presentó dos nuevas propuestas salariales a los sindicatos, que incluyen aumentos escalonados, incrementos en distintos códigos del nomenclador docente y un bono extraordinario de $120.000 a pagarse el 15 de abril. Las alternativas contemplan aumentos del 5% en marzo, adicionales en mayo y junio, y una cláusula de revisión en junio para evaluar la situación económica y fiscal de la provincia.

Los gremios, que manifestaron malestar por la falta de una oferta superadora previa, bajarán las propuestas a sus bases y continuarán la negociación el 16 de marzo. El conflicto en San Juan es observado a nivel nacional, ya que podría sentar jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en otros servicios esenciales y provincias.