La detención de Facundo Leal, ex presidente de la empresa estatal ARSAT y del ente regulador de aeropuertos ORSNA, ha desatado un escándalo de corrupción que involucra a organismos estratégicos del Estado argentino. El 27 de mayo, tras una serie de allanamientos en domicilios de Buenos Aires y Mendoza, la Justicia incautó cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, ketamina, cocaína y equipos de espionaje de alta tecnología.

La investigación, que comenzó por el robo de equipamiento clave para la Red Federal de Fibra Óptica en un depósito de San Fernando, reveló condiciones de abandono y falta de controles en el predio, así como contrataciones directas y sospechosas con empresas como Argentina Logistic Services (ALS). El faltante de bienes fue estimado en 151.000 dólares, y los testimonios de empleados de ARSAT describieron un escenario de deterioro, humedad y presencia de roedores en los shelters tecnológicos.

Leal, abogado mendocino con dos décadas en la función pública, fue señalado por su ostentoso nivel de vida y su cercanía con empresarios y políticos de peso. Durante su gestión, ARSAT realizó numerosas contrataciones sin licitación, favoreciendo a empresas tecnológicas y de logística. La causa judicial se amplió con nuevas denuncias, entre ellas la presentada por la diputada Marcela Pagano, que apunta a la continuidad de prácticas irregulares en ORSNA tras la salida de Leal y cuestiona el manejo del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

La denuncia también involucra a actuales autoridades del organismo y pone el foco en la discrecionalidad para certificar obras y autorizar pagos, lo que, según la acusación, convierte al ORSNA en un ámbito sensible a maniobras de corrupción. Si bien algunas afirmaciones se basan en información periodística y testimonios reservados, la Justicia avanza en la recolección de pruebas y documentación oficial.

El caso ha generado preocupación en el ámbito político, empresarial y social, especialmente en Mendoza, de donde provienen varios de los implicados. La magnitud de los hallazgos y la posible ramificación de la red de corrupción reavivan el debate sobre la transparencia y el control en la administración pública argentina. Las investigaciones continúan abiertas en los tribunales de San Isidro y Comodoro Py, mientras se esperan nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas.