El caso conocido como "Criptogate" ha sacudido el panorama político y económico de Argentina, involucrando a figuras clave en un presunto fraude relacionado con la criptomoneda $Libra. La jueza federal María Servini ha ordenado el congelamiento de bienes y activos financieros de los principales implicados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Esta medida, que incluye una "prohibición de innovar" por 90 días, busca evitar la transferencia de bienes mientras se investiga la evolución patrimonial de los acusados.

El escándalo comenzó en febrero pasado, cuando el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra en sus redes sociales. Tras su publicación, el valor de la moneda se disparó de 0,01 a 5 dólares, solo para desplomarse horas después. Según la investigación, este colapso permitió a los principales tenedores del activo retirar aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40,000 inversores. La Justicia sospecha que se utilizó información privilegiada para realizar estas operaciones.

En el marco de la investigación, se detectaron movimientos sospechosos en cajas de seguridad vinculadas a la familia Novelli. Cámaras de seguridad del Banco Galicia registraron a la madre y hermana de Mauricio Novelli vaciando cajas de seguridad días después del tuit de Milei. Posteriormente, estas cajas fueron allanadas, pero se encontraron vacías.

Además, la jueza Servini ha ordenado investigar el patrimonio del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un legajo secundario bajo secreto de sumario. También se han presentado denuncias contra Karina Milei por presunta recaudación de sobornos para facilitar entrevistas con el presidente.

El caso ha generado un intenso debate sobre la regulación de las criptomonedas en Argentina y ha puesto en el centro de atención la relación entre el gobierno y el sector cripto. Mientras tanto, los querellantes buscan no solo justicia penal, sino también reparaciones civiles por las pérdidas económicas sufridas. La defensa de los implicados ha cuestionado la validez de las pruebas presentadas, incluyendo capturas de pantalla de wallets y transacciones.

Con medidas judiciales en curso y un impacto significativo en la confianza pública, el "Criptogate" promete seguir siendo un tema de alto interés en los próximos meses. La investigación podría tener implicaciones profundas para la administración actual y para el futuro de las criptomonedas en el país.