A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei enfrenta un panorama de fragmentación parlamentaria que condiciona su capacidad de impulsar reformas profundas. Diversos informes y proyecciones, como los de la consultora La Sastrería, coinciden en que La Libertad Avanza (LLA) no alcanzará el tercio propio ni el quórum en ninguna de las Cámaras, incluso en el escenario más favorable. Esto obliga al oficialismo a depender de alianzas con el PRO y gobernadores provinciales para avanzar en su agenda.

El presidente Milei ha prometido un "aumento fenomenal de los ingresos" para los argentinos, basado en reformas estructurales que solo serían posibles con una nueva composición legislativa. Sin embargo, la realidad parlamentaria muestra que, aunque LLA podría incrementar su número de bancas, seguirá lejos de controlar el Congreso. El informe de La Sastrería proyecta que, con un 39% de los votos, LLA obtendría 71 diputados, lejos de los 86 necesarios para blindar vetos presidenciales. En el Senado, la situación es similar, con apenas 17 bancas proyectadas para los libertarios.

El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se mantiene como el principal bloque opositor, con liderazgos históricos y fuerte presencia sindical. Provincias Unidas, por su parte, representa una oposición más moderada y federal, con acuerdos inestables con el gobierno. El PRO, liderado por Mauricio Macri, emerge como actor imprescindible para la gobernabilidad, negociando espacios en el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados.

La campaña oficialista se ha visto afectada por escándalos recientes, como la exclusión de José Luis Espert de la lista bonaerense por presuntos vínculos con el narcotráfico, y otros casos de corrupción que han impactado en la percepción pública. La derrota de septiembre en Buenos Aires obligó al gobierno a ajustar su estrategia, enfocándose en triunfos seguros en siete distritos y en la posibilidad de una "buena elección" en provincias clave como Córdoba y Santa Fe.

En el plano internacional, el respaldo económico y político de Estados Unidos ha sido fundamental para sostener la estabilidad financiera previa a los comicios, con intervenciones del Tesoro y promesas de apoyo condicionadas a la continuidad de Milei en el poder. El gobierno busca proyectar fortaleza política y crecimiento legislativo, aunque reconoce la necesidad de negociar cada proyecto de ley en un Congreso de geometría variable.

La CGT y sectores sindicales mantienen una postura confrontativa ante la amenaza de reformas laborales, mientras analistas advierten que la etapa que se abre será de negociación permanente y moderación forzada. El futuro del programa libertario y la estabilidad política y económica del país dependerán de la capacidad del oficialismo para construir mayorías sostenibles en un tablero fragmentado.