La Justicia argentina avanza en una investigación por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras descubrir pagos por $415 millones a la empresa Real Central SRL, formalmente dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y de una flota de autos de colección. La empresa, vinculada a Luciano Pantano y su madre, habría recibido estos fondos bajo el concepto de “servicios de logística y traslados”, según órdenes de pago firmadas y autorizadas por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Toviggino, también presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol, sería el verdadero propietario de la mansión, lo que implicaría una maniobra de autobeneficio utilizando fondos del fútbol nacional. Documentos secuestrados en allanamientos a la sede de la AFA y de Argentinos Juniors revelan pagos millonarios y recibos firmados por Pantano, quien aparece como receptor de sumas que alcanzan los $600 millones en una sola operación.

La investigación, liderada por la fiscal Cecilia Incardona, incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los involucrados, así como requerimientos a organismos como la ARCA, la Unidad de Información Financiera y el Banco Central para rastrear activos y movimientos financieros. Además, se analizan chats entre directivos y operadores que sugieren la circulación de grandes sumas de dinero en efectivo y la existencia de apodos y códigos internos.

El caso también involucra a la financiera Sur Finanzas Group, que habría recibido derechos de cobro futuros de televisación de clubes como San Lorenzo como garantía de préstamos con tasas consideradas usurarias. Otros clubes, como Banfield, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Armenio, aparecen en contratos y operaciones bajo investigación por montos elevados y condiciones inusuales.

La causa, que comenzó en Lomas de Zamora y fue derivada al juzgado de Zárate-Campana, pone en el centro del debate la transparencia y el control de los fondos en el fútbol argentino. Las autoridades judiciales esperan respuestas de los organismos financieros para determinar si la evolución patrimonial de los investigados se justifica o si existen delitos de lavado y corrupción estructural en el manejo de recursos de la AFA y los clubes.