La reciente liberación de Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, tras ser hallado un arma de fuego en el vehículo en el que viajaba, ha generado una fuerte polémica en el ámbito judicial y deportivo de Santa Fe. El hecho ocurrió el 29 de junio en Granadero Baigorria, cuando la policía respondió a un llamado al 911 que alertaba sobre un intento de ingreso armado a una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes detuvieron a cuatro jóvenes y secuestraron un revólver calibre .22 largo oculto en el auto.

Entre los detenidos se encontraba Matías Belloso, de 26 años, quien fue liberado horas después por disposición de la fiscal Raquel Almada, sin que se le formara causa penal. Esta decisión generó controversia dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que decidió apartar a la fiscal del caso y reasignarlo al fiscal Fernando Dalmau. La Auditoría de Gestión del MPA revisará el accionar de Almada, mientras que el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, emitió una circular interna para unificar y endurecer los criterios de actuación en casos de tenencia o portación ilegítima de armas de fuego.

El caso tomó mayor relevancia al conocerse que otro de los ocupantes del vehículo, Fausto Carbajo, está vinculado a una organización de apuestas online clandestinas. Carbajo fue denunciado por el futbolista Jonatan Gómez por extorsión y amenazas relacionadas con deudas de juego que superan los 500 mil dólares. Según la denuncia, las amenazas incluyeron visitas intimidatorias y la firma forzada de pagarés por montos muy superiores a la deuda original.

La situación ha puesto en evidencia la expansión del juego clandestino online en Rosario y su conexión con otras actividades ilícitas, como la extorsión y la violencia. Si bien no existen imputaciones directas contra la familia Belloso, el episodio ha generado incomodidad en la dirigencia del fútbol argentino y reavivado el debate sobre la influencia de figuras públicas en procesos judiciales.

El Ministerio Público de la Acusación busca ahora establecer criterios más estrictos para evitar situaciones similares en el futuro, mientras la investigación sobre las apuestas ilegales y sus ramificaciones continúa en curso. El caso también resalta la vulnerabilidad de los jugadores de fútbol ante redes de juego clandestino y la necesidad de mayor control institucional.