La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión, que cierra la vía judicial nacional, generó una inmediata ola de reacciones en el ámbito político y social argentino.

Tras el fallo, gobernadores y dirigentes del peronismo manifestaron su solidaridad con la exmandataria, denunciando una “proscripción política” y advirtiendo sobre el impacto institucional de excluir a una de las principales figuras de la oposición en un año electoral. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los primeros en visitar a Fernández de Kirchner, asegurando que la vio “entera, íntegra y fuerte”, y reclamó el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Otros mandatarios, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, calificaron la decisión como un ataque a la democracia y la soberanía popular.

En contraste, gobernadores y dirigentes de la oposición celebraron el fallo como un avance en la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmó que “nadie está por encima de la ley”, mientras que Alfredo Cornejo, de Mendoza, sostuvo que la condena marca el cierre de una etapa de impunidad en el país.

El Partido Justicialista (PJ) convocó a reuniones de urgencia y proyecta marchas de respaldo a la expresidenta. Mientras tanto, militantes y organizaciones sociales realizaron acampes y cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, en señal de protesta. El abogado de Fernández de Kirchner solicitó que la pena se cumpla en su domicilio y anticipó la presentación de medidas ante organismos internacionales.

El fallo reavivó el debate interno sobre la conducción del PJ y la posibilidad de un indulto presidencial, mientras la Justicia dispuso medidas para evitar una eventual fuga de la exmandataria. A nivel internacional, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, expresó su solidaridad con Fernández de Kirchner, mientras que el presidente Javier Milei defendió la independencia del Poder Judicial argentino.

La confirmación de la condena a Cristina Kirchner profundiza la polarización política y reordena el tablero electoral, en un contexto de alta tensión institucional y social.