El conflicto universitario en Argentina sumó un nuevo capítulo con el inicio de un paro nacional de 72 horas a partir del 30 de marzo de 2026. La medida, impulsada por gremios docentes y no docentes, responde a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que según los sindicatos, cayó un 55,4% desde diciembre de 2023.

Durante la jornada, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. "Buscamos visibilizar la desigualdad: mientras los salarios docentes caen, los funcionarios nacionales registran aumentos en sus ingresos", señalaron desde la Asociación Gremial Docente de la UBA.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las transferencias a universidades nacionales sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones. Además, las partidas para Becas Progresar se redujeron un 82% en términos nominales respecto al año anterior, ubicándose más de un 95% por debajo de los valores de 2023 en términos reales.

El Gobierno, por su parte, propuso un aumento salarial del 12,3% en tres tramos, oferta considerada insuficiente por los gremios, que exigen una recomposición acorde a la inflación acumulada, estimada en un 280% desde noviembre de 2023. "El deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales", detalló el CIN en un comunicado.

El conflicto se agrava por la falta de convocatoria a paritarias desde octubre de 2024 y la judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso pero no implementada por el Ejecutivo. Los gremios anticiparon nuevas medidas de fuerza, incluyendo una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril y otro paro a fines de mes si no hay respuestas.

La situación genera preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, ante el riesgo de un mayor deterioro en la calidad y el acceso a la educación superior pública en el país.