José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, admitió haber recibido una transferencia millonaria de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La revelación, realizada por el propio Espert en un video difundido en redes sociales, generó un fuerte revuelo político y puso en duda la continuidad de su candidatura a menos de un mes de las elecciones legislativas.

A pesar de la controversia y de la presión de algunos sectores políticos para que Espert renuncie, la justicia electoral confirmó que su nombre y fotografía permanecerán en la boleta única de papel (BUP) que se utilizará por primera vez en la provincia de Buenos Aires. "No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas", señalaron fuentes judiciales, explicando que el proceso de impresión y distribución de casi 15 millones de boletas ya está en marcha y es irreversible por razones logísticas, legales y económicas.

En caso de que Espert decida renunciar, la normativa electoral prevé que Karen Reichardt, segunda en la lista, pase a encabezar la nómina de La Libertad Avanza. Sin embargo, los votos emitidos a favor de Espert seguirán siendo válidos para la lista, aplicándose el corrimiento correspondiente. "El voto no se anula, se cuenta como válido para la lista y se aplica el corrimiento previsto por la normativa electoral", explicaron desde la justicia electoral.

El escándalo recuerda antecedentes como el de Fernando Niembro en 2015, quien renunció a su candidatura tras denuncias de facturación irregular, pero su nombre permaneció en la boleta. La situación de Espert también reaviva el debate sobre la transparencia en el financiamiento de campañas y la capacidad del sistema electoral para adaptarse a imprevistos.

Mientras tanto, Karen Reichardt ha evitado profundizar en la polémica, calificando las denuncias como "operetas" y enfocándose en su campaña. El presidente Javier Milei, por su parte, mantiene su apoyo a Espert, aunque dentro del oficialismo existen voces que cuestionan la conveniencia de sostener su candidatura. La justicia electoral, en tanto, insiste en que el proceso es inalterable y que cualquier cambio a esta altura resultaría inviable tanto por los plazos como por los costos involucrados.

La controversia pone de relieve los desafíos del nuevo sistema de boleta única de papel y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento político, en un contexto de creciente escrutinio público y mediático.