El Gobierno nacional dispuso una actualización en la normativa que regula las contrataciones públicas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de exclusión de empresas y personas involucradas en prácticas corruptas o fraudulentas. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, a partir de ahora serán inelegibles para participar en licitaciones públicas todas aquellas personas humanas o jurídicas que figuren en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por causas como corrupción, fraude, colusión, coerción, apropiación indebida u otras faltas graves.

La medida, que entrará en vigor dentro de quince días, modifica los artículos correspondientes de los Decretos 1030/16 y 1169/18, ampliando el alcance de la exclusión más allá del cohecho transnacional, que era el único supuesto contemplado hasta el momento. Ahora, la verificación de las listas de inhabilitados será obligatoria al momento de evaluar las ofertas, reemplazando la práctica anterior que permitía la mera presentación de una declaración jurada de elegibilidad.

El decreto destaca que la corrupción afecta la confianza en las instituciones públicas y distorsiona el uso de los recursos del Estado, por lo que la adopción de estándares internacionales en la materia es fundamental para consolidar el Estado de Derecho y fortalecer la democracia. La revisión normativa contó con la intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones, la Oficina Anticorrupción y la Cancillería, y fue firmada por el presidente Javier Milei junto a altos funcionarios del gabinete.

Esta actualización se enmarca en el compromiso de la Argentina con la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra el Cohecho y en la promoción de políticas públicas orientadas a la transparencia y la eficiencia. Si bien la fuente oficial no recoge reacciones de empresas o cámaras empresariales, el gobierno sostiene que la medida contribuirá a mejorar la competitividad y la confianza en el sistema de contrataciones públicas. Se espera que la nueva normativa tenga un impacto positivo en la prevención de prácticas indebidas y en la inserción internacional del país.