Una grave crisis sanitaria sacude a Argentina tras la muerte de al menos 34 pacientes y decenas de infecciones graves por el uso de fentanilo contaminado, producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La situación salió a la luz cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un aumento inusual de infecciones en pacientes que habían recibido el medicamento, confirmando la presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Las investigaciones revelaron que seis días antes de la producción del lote contaminado, inspectores de la ANMAT y el INAME habían detectado graves irregularidades en Laboratorios Ramallo, incluyendo la falta de validaciones de procesos, uso de envases no autorizados y ausencia de registros de control de calidad. Sin embargo, la clausura del laboratorio se demoró casi dos meses, permitiendo que el fentanilo contaminado llegara a hospitales de varias provincias.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, ordenó allanamientos en droguerías y laboratorios, y dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los principales responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Entre los investigados figuran directivos y responsables técnicos de ambas empresas, así como familiares vinculados a la gestión de los laboratorios.

El caso también puso en evidencia la práctica legal, pero controvertida, de comprar licencias de producción a laboratorios previamente clausurados por malas prácticas. HLB y Ramallo adquirieron varias licencias de SURAR Pharma, una firma con antecedentes de clausuras y sanciones por parte de la ANMAT.

El Ministerio de Salud se presentó como querellante en la causa, argumentando el interés legítimo del Estado en esclarecer los hechos y proteger la salud pública. Mientras tanto, la ANMAT evitó responder sobre la demora en la clausura del laboratorio, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia de los controles regulatorios.

Expertos del sector subrayan la importancia de implementar sistemas de trazabilidad robustos y seguros de responsabilidad civil para evitar futuras crisis. El caso del fentanilo contaminado expone la necesidad urgente de fortalecer la regulación y el control en la industria farmacéutica argentina, para garantizar la seguridad de los pacientes y la confianza en el sistema de salud.