El Senado argentino asestó un duro golpe político al gobierno de Javier Milei al rechazar, por amplia mayoría, los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ambas normas, previamente aprobadas en agosto y ya ratificadas por la Cámara de Diputados, obtuvieron en la Cámara alta 58 y 59 votos a favor respectivamente, superando holgadamente los dos tercios necesarios para dejar sin efecto la objeción presidencial. Solo siete senadores votaron en contra y se registraron algunas abstenciones.

La ley de financiamiento universitario establece la actualización de las partidas presupuestarias para las universidades nacionales en función de la inflación acumulada, así como la recomposición salarial de docentes y no docentes. Por su parte, la ley de emergencia pediátrica prioriza la reasignación de recursos para el Hospital Garrahan, el principal centro de salud infantil del país, e incluye mejoras salariales para médicos y residentes.

El presidente Milei había vetado ambas leyes en septiembre, argumentando que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la oposición, conformada por el peronismo, la Unión Cívica Radical, fuerzas provinciales y parte del PRO, se unió para insistir en la sanción de las normas. Durante el debate, se escucharon fuertes críticas al Ejecutivo y llamados a priorizar la educación y la salud como pilares del desarrollo nacional.

En los alrededores del Congreso, docentes, estudiantes, médicos y trabajadores de la salud celebraron la decisión legislativa. Desde los gremios universitarios y de la salud se destacó la importancia de la movilización social y se advirtió que continuarán en alerta ante cualquier intento de incumplimiento por parte del Ejecutivo.

El rechazo a los vetos ocurre en un contexto de creciente tensión política y económica, a pocas semanas de las elecciones legislativas y bajo la presión de organismos internacionales como el FMI y el gobierno de Estados Unidos, que exigen mayor estabilidad y acuerdos políticos. Es la primera vez en 22 años que el Congreso argentino revierte un veto presidencial, lo que evidencia la debilidad parlamentaria del oficialismo y anticipa posibles conflictos institucionales si el Ejecutivo decide no promulgar las leyes, ya que en ese caso entrarían en vigencia de manera automática.