El paro y cierre definitivo de varias líneas de colectivo en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha dejado a miles de usuarios sin servicio y a más de 400 trabajadores en una situación de incertidumbre laboral. La empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), responsable de las líneas 707, 333, 407 y 437, declaró la quiebra tras varios meses de conflicto por el pago de salarios y viáticos adeudados.

El conflicto comenzó el 20 de abril, cuando los trabajadores iniciaron una retención de tareas por tiempo indeterminado ante la falta de pago de haberes y la ausencia de aumentos acordados. "Hace 15 meses nos pagan en cuotas", relató un chofer con más de dos décadas de antigüedad, reflejando la gravedad de la situación. La empresa, por su parte, atribuyó los problemas financieros al atraso en el pago de subsidios estatales y al aumento de los costos operativos, especialmente el combustible.

El 28 de abril, la noticia de la quiebra de MOGSM profundizó la crisis. Más de 420 empleados quedaron sin certezas sobre su futuro laboral, mientras que el embargo judicial de cerca del 40% de la flota operativa complicó aún más la posibilidad de reanudar los servicios. Los recorridos afectados, que conectan San Isidro, Vicente López y Escobar, quedaron suspendidos de manera indefinida, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte.

Las autoridades municipales y los gremios han iniciado negociaciones con otras empresas para intentar garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y restablecer la conectividad en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado soluciones concretas. Los gremios advierten que la situación podría replicarse en otras empresas del sector si no se adoptan medidas urgentes.

El conflicto de MOGSM se suma a una serie de problemas estructurales en el transporte público del AMBA, marcados por la precarización laboral y la reducción de subsidios. La línea 707, en particular, cumple un rol central en la movilidad interna de San Isidro, por lo que su suspensión ha generado un fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

Mientras tanto, los trabajadores insisten en la necesidad de cobrar lo adeudado y de garantizar la continuidad de sus puestos. "Hasta que no nos paguen, seguimos con la medida", afirmaron desde el sector. El desenlace del conflicto es seguido de cerca por usuarios, autoridades y sindicatos, ante el temor de que la crisis se extienda a otras empresas y líneas de colectivo en la región.