Una docente de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, fue imputada por el delito de hurto tras ser filmada robando dinero de las mochilas de sus alumnas. El episodio, que se viralizó en redes sociales, ocurrió cuando dos estudiantes de quinto año del profesorado de Ciencias de la Educación decidieron instalar una cámara oculta en el aula para esclarecer la desaparición de dinero que venían notando desde hacía meses.

Según reconstruyeron las autoridades policiales y judiciales, la docente aprovechaba los recreos para quedarse sola en el aula, revisando los bolsos de las alumnas y llevándose el dinero. En ocasiones, enviaba a los estudiantes que permanecían en el aula a la Secretaría con alguna excusa, con el objetivo de no tener testigos. El video obtenido por las alumnas fue presentado como prueba ante la fiscalía, que secuestró el material y avanzó con la imputación de la docente, identificada como Verónica Escobar, según medios locales.

La suma sustraída ascendía a 2.000 pesos, según la denuncia. Tras la viralización del video y la denuncia formal, la escuela emitió un comunicado institucional en el que aseguró haber adoptado "de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente". Además, la institución remarcó que se trata de un "hecho aislado" que "no representa la labor cotidiana de los profesores", destacando el compromiso y la vocación del cuerpo docente.

El Consejo General de Educación apartó a la docente de su cargo y anunció que el puesto será concursado para garantizar la continuidad de las clases. El director de Asuntos Jurídicos del CGE, Diego Barrera, explicó que el apartamiento busca preservar la institución y la comunidad educativa mientras se investiga la posible instrucción sumarial a la docente, quien podrá ejercer su defensa en el proceso.

El caso, que generó gran repercusión pública y preocupación en la comunidad educativa, se encuentra bajo investigación judicial y administrativa. La docente enfrenta cargos penales y podría recibir sanciones disciplinarias que comprometerían su futuro profesional. El episodio reabre el debate sobre la seguridad y la confianza en el ámbito escolar, en un contexto de otros casos recientes de conductas inapropiadas de docentes en el país.