El Senado argentino aprobó el jueves una extensa lista de ascensos en las Fuerzas Armadas, que incluye oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sin embargo, dos altos jefes de la Fuerza Aérea quedaron relegados tras ser objeto de cuestionamientos éticos y judiciales. El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, fue promovido a brigadier mayor, mientras que los brigadieres Marcelo Monetto y Hugo Dirié no recibieron el ascenso.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri, analizó los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo. Legisladores de la oposición dieron luz verde a la mayoría de los ascensos, pero exigieron un análisis más detallado en los casos de Monetto y Dirié. Monetto fue mencionado en un expediente judicial por no cumplir con la reincorporación de una ex cadete víctima de abuso sexual, mientras que Dirié fue cuestionado por un escándalo de decoro institucional tras la difusión de fotos de una asistente en su dormitorio y paseos en helicóptero sin justificación operativa.

Las impugnaciones incluyeron denuncias de violencia sexual y escándalos de decoro institucional, lo que llevó a que ambos oficiales pidieran el retiro. Sin embargo, el jefe de la Fuerza Aérea les solicitó esperar hasta fin de año, con la esperanza de que la situación se resuelva como ocurrió en casos similares en otras fuerzas.

Las promociones aprobadas incluyen ascensos ordinarios y retroactivos, algunos bloqueados por el kirchnerismo debido a vínculos con ex oficiales del gobierno de facto. El Senado evalúa no solo la foja de servicios, sino también la "oportunidad, mérito y conveniencia" y posibles obstáculos judiciales. Casos similares han ocurrido en otras fuerzas, como la Armada, donde ascensos fueron demorados por denuncias internas.

La crisis generada por el rechazo a los ascensos de Monetto y Dirié pone de manifiesto la importancia de los criterios éticos y judiciales en la evaluación de promociones dentro de las Fuerzas Armadas. Fuentes internas señalan que la situación podría resolverse a fin de año, como ocurrió en casos anteriores, aunque persisten las dudas sobre el impacto institucional de estos episodios.